El jueves 17 de septiembre la atención de público será la siguiente: Archivo Nacional Histórico: hasta las 11.30 horas / Archivo Nacional de la Administración: hasta las 12 horas, el último préstamo de volúmenes es hasta las 11:30 horas, después de esta hora solo atención en sala a través de los sistemas alojados en los computadores de la sala.
El viernes 18 de septiembre ambas sedes estarán cerradas, ya que es feriado irrenunciable. Agradecemos la comprensión.
El 11 de septiembre de 1973, fuerzas militares perpetraron un golpe de Estado que interrumpió violentamente el sistema democrático chileno. A partir de entonces, todas las personas consideradas de izquierda fueron sindicadas como “marxistas” y, conforme a los postulados del nuevo régimen, pasaron a convertirse en “enemigos de la nación”. Bajo esa premisa, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos o exiliados. Poco se conoce, sin embargo, acerca de otra forma que cobró la represión estatal durante la dictadura: la usurpación sistemática de bienes a sus opositores políticos.
Para apoderarse del patrimonio de sus detractores –ya fuera que se tratara de inmuebles, empresas o vehículos–, las autoridades del régimen organizaron una compleja trama burocrática. El mecanismo se sustentaba jurídicamente en el Decreto Ley N.° 77, promulgado por la Junta de Gobierno el 8 de octubre de 1973, a menos de un mes del golpe: tras declarar ilícitos y disueltos todos los partidos, agrupaciones o movimientos «que sustenten la doctrina marxista», el instrumento ordenaba pasar sus bienes al dominio del Estado y destinarlos a los fines que la Junta de Gobierno estimara convenientes. El mencionado decreto cubrió de un manto de legalidad el procedimiento de confiscación, en el cual intervinieron diversos ministerios, departamentos y oficinas estatales, así como miles de funcionarios civiles.
La dictadura chilena fue altamente burocrática y dejó cientos de documentos (decretos, oficios, memorandos, informes, actas, providencias, etc.) que dan cuenta de esos procesos de incautación. Aunque muchos de ellos fueron rotulados como “reservados” o “secretos”, la reciente desclasificación de expedientes y su preservación, resguardo y digitalización por parte del Archivo Nacional de la Administración han permitido comenzar a reconstruir y esclarecer el circuito administrativo de despojo implementado por la dictadura chilena contra sus opositores.
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