A partir del 11 de septiembre de 1973, la dictadura civil-militar comenzó a aplicar al pie de la letra la Doctrina de Seguridad Nacional, catalogando a chilenos y chilenas como enemigos internos, sujetos peligrosos, marxistas o terroristas sólo por pensar distinto. El exilio y el desarraigo de miles de compatriotas fue otra herramienta más del régimen para violar sistemáticamente los derechos humanos e imponer su “Operación Limpieza” en todo el país.
Según cifras entregadas por organismos como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el número de exiliados/as durante la dictadura cívico militar ascendió a más de 200 mil personas. Así como las permanencias y nacionalizaciones a ciudadanos/as extranjeros se materializan a través de un Decreto Supremo del Ministerio del Interior, las expulsiones, prohibiciones de ingreso y cancelaciones de nacionalidad se producían a través de un decreto supremo.
Fuera de Chile, con la condena internacional a la dictadura y la solidaridad de fondo, los exiliados/as chilenos comenzaron a organizarse, ya fuera para denunciar los crímenes de la dictadura, para organizar la resistencia y el retorno, o para curar las heridas de la represión vivida en Chile. Con el avance de la lucha anti dictatorial en el país, el régimen se vio obligado a dar señales de apertura, permitiendo el ingreso parcial de chilenos paulatinamente. Sin embargo, la gran mayoría no podría regresar hasta las postrimerías de la dictadura. Y algunos nunca volverían a su tierra natal.
Los archivos del exilio chileno son archivos de la represión y la resistencia. El Archivo Nacional de la Administración resguarda –en los fondos del Ministerio del Interior y la Comisión Chilena de Derechos Humanos–muchos de esos documentos que dan cuenta de la voluntad política del régimen de reprimir a través del desarraigo, y de las escrituras en resistencia de miles de chilenos/as que tuvieron que emigrar forzosamente de su tierra.
