La institucionalidad colonial y sus procedimientos escritos
Las instituciones y sus registros
La administración colonial española necesitaba registrar decisiones, comunicar órdenes y reunir información sobre los territorios bajo su dominio. El Cabildo, la Real Audiencia, la Real Hacienda, la Capitanía General y la Contaduría Mayor producían o recibían documentos de acuerdo con sus funciones. La Guía de fondos del Archivo Nacional Histórico permite conocer estas y otras instituciones a través de los registros que se conservan de sus actividades.
La escritura también mantenía la comunicación entre las autoridades locales, el Virreinato del Perú y la Corona. En ese sistema, el escribano cumplía una función fundamental: dar fe de las actuaciones que pasaban ante él. Según el historiador Bernardino Bravo Lira, junto al capitán y al clérigo, el escribano era una figura imprescindible en las expediciones de conquista y colonización.
Entre las instituciones de la administración colonial, la Real Audiencia ejercía funciones judiciales, políticas y administrativas. La Corona dispuso establecerla en Concepción en 1565 y comenzó a funcionar al año siguiente. Fue suprimida en 1573, en el contexto de la guerra de Arauco, y restablecida posteriormente en Santiago, donde comenzó a funcionar en 1609.
Una causa de 1664 vinculada a Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida popularmente como la Quintrala, permite observar cómo las denuncias de violencia daban lugar a una investigación judicial. La descripción del expediente señala que la Real Audiencia ordenó averiguar maltratos y otros excesos atribuidos a Catalina contra indígenas de su encomienda. En el documento del 18 de julio se dispuso a investigar la muerte de Micaela, descrita como “mulata” y vinculada a Catalina, y averiguar si su cuerpo presentaba señales de azotes u otros castigos. El documento permite examinar esta investigación y aporta otro antecedente a una figura cuyo testamento también conserva y difunde el Archivo Nacional.
No todos los registros de la administración respondían a denuncias o conflictos judiciales. También se redactaban disposiciones para regular actividades cotidianas y comunicar prohibiciones a la población.
El 21 de febrero de 1764, el gobernador Antonio Guill y Gonzaga firmó el documento “Sobre prohibir vender de noche”. La disposición señalaba que la oscuridad dificultaba identificar a los vendedores y examinar los productos, lo que podía facilitar engaños al público. Para que la orden “llegue a noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia”, se mandaba publicar un bando en los lugares acostumbrados de Santiago.
La representación del territorio también dio origen a documentos. Durante la Colonia se elaboraron mapas, planos y croquis para identificar poblados, caminos, propiedades, deslindes y otros espacios de interés para la administración. Estos registros permiten examinar cómo se conocía y representaba el territorio en distintas épocas. El Archivo Nacional Histórico conserva parte de esta documentación en su Mapoteca, que reúne materiales cartográficos procedentes de diversos fondos y colecciones.
El oficio de escribir y dar fe
Entre quienes producían estos documentos estaban los escribanos, ministros de fe y antecesores de los actuales notarios. Su oficio, de tradición jurídica castellana, exigía conocer las leyes y las fórmulas documentales. En las escribanías se redactaban obligaciones, compraventas, poderes, testamentos, codicilos y cartas de libertad, entre otras escrituras.
Según explica la historiadora y ex directora del Archivo Nacional Emma de Ramón, los escribanos conocían la forma jurídica que debía adoptar cada documento, por ejemplo, cómo encabezar un testamento. Trabajaban en despachos, casas o domicilios de quienes solicitaban sus servicios; también se instalaban con atriles en espacios públicos próximos a la Plaza Mayor (hoy Plaza de Armas). Oficiales, escribientes y amanuenses participaban en el trabajo. Estos últimos tomaban apuntes de declaraciones que después se pasaban en limpio con las fórmulas correspondientes.
Escritos a pluma y tinta, los documentos presentan formas de escritura, abreviaturas y usos del castellano propios de la época. Su lenguaje incorporaba fórmulas para expresar obligaciones, como “me obligo de dar y pagar”; invocaciones religiosas, como “En el nombre de Dios todopoderoso. Amén”; y expresiones de certificación, como “Doy fe”. También se identificaba a las autoridades y a quienes intervenían en los actos mediante fórmulas como “por ante mí el escribano”, mientras que las referencias a los testigos y las firmas contribuían a dejar constancia de lo acordado. La lectura de estas escrituras puede requerir conocimientos de paleografía, disciplina dedicada al estudio e interpretación de escrituras antiguas.
La información no siempre quedaba contenida en el cuerpo principal de la escritura. Un asiento de servicio de 1685, referido a Juana, identificada como indígena, presenta una anotación al margen delimitada por una llave. Este tipo de acuerdo registraba ante un escribano las condiciones, el plazo y la retribución por los servicios. En este caso, se establece un año de servicio. Su disposición permite observar cómo una misma hoja podía reunir distintas intervenciones.
Otro asiento, fechado en 1611, permite examinar quiénes participaban en la formalización de un acuerdo. Martín, indígena de los Juríes, aparece vinculado a un compromiso de servicio por un año con Juan de Barona. El documento establece su duración y lo que recibiría a cambio, entre ello ropa, alimento y atención si enfermaba. La escritura fue realizada ante Alonso de Córdoba, corregidor y justicia mayor de Santiago, y autorizada por el escribano público Diego Rutal. Identifica a los participantes, menciona tres testigos y registra la intervención de la autoridad judicial. Al final aparecen las firmas de Córdoba y Barona, seguidas de la autorización del escribano. Ambos documentos permiten observar aspectos distintos de la producción escrita: las anotaciones que acompañaban el texto principal y las intervenciones que quedaban registradas para formalizar un acto.
El oficio también incluía preparar los soportes. Según explica la historiadora Aude Argouse, los escribanos confeccionaban sus cuadernos y adquirían papel a medida que lo necesitaban. La seguridad del registro dependía también de su construcción material, por lo que numerar hojas y reunir los pliegos de determinada forma contribuía a impedir la incorporación posterior de otros.
Las reglas de la escritura
La elaboración de estos documentos estaba sujeta a disposiciones que establecían cómo debían redactarse y registrarse. La Pragmática de Alcalá de Henares de 1503 ordenó a los escribanos a llevar libros de protocolo encuadernados y asentar las escrituras por extenso, identificando a los otorgantes, el lugar, la fecha y las condiciones del acto. También, reguló su lectura ante las partes y los testigos, junto con las firmas correspondientes.
En América, distintas disposiciones fueron reunidas posteriormente en la Recopilación de Leyes de Indias, aprobada en 1680 y publicada en 1681. Sus normas abordaban la producción, el registro, la conservación y la circulación de documentos.
Sin embargo, las disposiciones no siempre se cumplían. Durante el siglo XVIII, los oidores de la Real Audiencia inspeccionaron escribanías y dejaron constancia de irregularidades, según explica Emma de Ramón. Estos antecedentes permiten distinguir entre las exigencias establecidas por la legislación y las prácticas que desarrollaban quienes ejercían el oficio.
Cada documento seguía una estructura acorde con su función. En la reconstitución del acta de fundación de Santiago se consigna la fecha, se identifica a Valdivia como teniente de gobernador y capitán general designado por Francisco Pizarro, y se establecen los nombres de la ciudad y la provincia. Las fórmulas, nombres y fechas permitían reconocer el acto y la autoridad que intervenía.
La materialidad de los documentos
La experiencia de Luis de Cartagena, después del incendio, muestra cuánto dependía el registro del abastecimiento de papel. Según relata Natalia Ríos, jefa de la Unidad de Conservación del Archivo Nacional, el papel que llegaba desde Europa era costoso y de circulación limitada. Era el llamado papel de trapo, elaborado con fibras textiles recuperadas, entre ellas las de algodón. Su resistencia ha contribuido a la permanencia de los documentos hasta la actualidad.
Los molinos papeleros incorporaban filigranas o marcas de agua en los pliegos, que hoy ayudan a estudiar su procedencia y elaboración. Según la historiadora Aude Argouse, las marcas presentes en papeles utilizados en Chile permiten reconocer, entre otros, molinos genoveses y, posteriormente, catalanes y valencianos. Durante el período colonial no existían en Chile molinos que fabricaran papel para usos administrativos, judiciales y notariales. El abastecimiento dependía de Europa y de circuitos regulados por la Corona. Antes de llegar a manos del escribano, el papel podía recorrer el Caribe y el istmo de Panamá hasta el Callao y Valparaíso, o llegar desde Buenos Aires atravesando los Andes con arrieros.
En 1640 se implantó en la América hispana el papel sellado para determinados usos administrativos, notariales y judiciales. Según Aude Argouse, su utilización respondía a dos propósitos: proporcionar ingresos a la Corona y dificultar la falsificación de instrumentos públicos.
Se distinguían cuatro categorías de sellos, con diferentes precios y usos previstos según el tipo de documento. También variaba la calidad del papel. Argouse advierte, sin embargo, que estas distinciones no siempre se aplicaban de manera uniforme en la práctica.
Los sellos indicaban períodos de vigencia, generalmente de dos años, que podían prolongarse mediante resellos autorizados por las reales audiencias. Por ello, la fecha impresa en un pliego no necesariamente corresponde al momento en que se redactó la escritura. La investigadora también sostiene que las referencias a la falta de papel sellado podían describir problemas de distribución en una oficina, sin significar necesariamente una escasez general.
Las tintas también influyen en la conservación. En documentos coloniales se utilizaron tintas ferrogálicas o metaloácidas, cuyo envejecimiento puede observarse en tonos negros o marrones. Según Natalia Ríos, algunas permanecen estables, otras se desvanecen y otras pueden llegar a perforar el papel. Soporte, tinta, filigranas y sellos conservan información sobre la elaboración y circulación del documento, además de lo expresado por escrito.
