En 1541, tras establecerse en el valle del Mapocho y fundar Santiago del Nuevo Extremo, los españoles comenzaron a dejar constancia escrita de decisiones como señalar límites, repartir chacras, nombrar autoridades y establecer normas. Los acuerdos del Cabildo, institución encargada del gobierno local y antecesora de las actuales municipalidades, se reunían en un libro que permitía conservar evidencia de lo actuado.
El ataque encabezado por el toqui Michimalonco el 11 de septiembre del mismo año y el incendio de Santiago destruyeron ese registro. “No penséis que los españoles son inmortales”, habría dicho el cacique, según relata el cronista Diego de Rosales. Sin ese registro, las autoridades españolas ya no podían acreditar por escrito las decisiones que habían tomado.
Reconstruirlas fue tarea de Luis de Cartagena, a quien Pedro de Valdivia había extendido recientemente el título de escribano público y de Cabildo. Para volver a poner por escrito los acuerdos, Cartagena tuvo que valerse de cartas viejas y cueros de oveja, pues no contaba con papel suficiente. Pero esos soportes tampoco resistieron, las cartas se despedazaron y, según relatos del propio escribano, los perros se comieron parte de los cueros.
Cuando llegó el papel desde Perú, Cartagena confeccionó un nuevo libro y lo protegió con piel de becerro. Así nació el denominado Libro Becerro, uno de los documentos administrativos más antiguos que conserva el Archivo Nacional. La reconstrucción de las actas, realizada a partir de testimonios y registros disponibles, muestra que no bastaba escribir, las autoridades también debían intervenir para validar lo asentado. En sus 333 páginas, el libro conserva una escritura compacta, numerosas abreviaturas y huellas materiales de su trayectoria y conservación.
